SISTEMA DE INDICADORES
La evaluación e impacto de las actuaciones realizadas se define mediante un Sistema de Indicadores, de Productividad y de Resultado, establecido por la Autoridad de Gestión. Con dicho sistema es posible conocer en qué medida las Operaciones incluidas en el Plan de Implementación del proyecto han contribuido a alcanzar los Objetivos Estratégicos y como consecuencia, han contribuido a resolver los retos del área urbana.
Indicadores de Productividad (IP)
Podrían definirse como los bienes y servicios «comprados» por el programa y son directamente proporcionales al gasto realizado. Su valor inicial es nulo y va acumulando valor a medida que van desarrollándose las operaciones, lo que conlleva una previsión anualizada hasta 2023 que contemple su valor acumulado. Estos indicadores deben justificarse mediante un informe de metodología de cálculo por parte de las Unidades Ejecutoras y se van actualizando a lo largo de la vida del proyecto.
Indicadores de resultado (IR)
Están ligados a objetivos específicos y miden el cambio previsto en relación con dichos objetivos. Estos indicadores no tienen efecto sobre la asignación financiera, aunque sí sobre las evaluaciones que se realicen de las DUSI.
POLÍTICA Y ACCIONES EN MATERIA ANTIFRAUDE
El artículo 72 h) del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes y generales relativas al FEDER (RDC), establece que los sistemas de gestión y control, entre otros requisitos: “deberán disponer de lo necesario para prevenir, detectar y corregir las irregularidades, incluido el fraude, y recuperar los importes pagados indebidamente, junto con los posibles intereses de demora correspondientes”. Por su parte, el artículo 125.4 c) del RDC establece que en lo que respecta a la gestión y el control financiero del programa operativo, la Autoridad de Gestión, deberá aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados. Considerando que la Comisión recomienda que las Autoridades de Gestión “adopten un planteamiento proactivo, estructurado y específico para gestionar el riesgo de fraude”, se hace necesaria una evaluación del riesgo de fraude, corrupción y conflictos de intereses, así como un ciclo de medidas de prevención, detección, corrección y persecución en este ámbito.
En el seno de la EDUSI Logroño «La Villanueva» es el Comité Antifraude (constituido en virtud de la Resolución de Alcaldía 02568/2022 de 21 de marzo de 2022) el responsable de asumir las funciones que en materia de prevención del fraude se contemplan para el desarrollo de la Estrategia DUSI. El actual Comité está constituido por:
- Titular de la Tesorería y Dirección General de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Logroño que ostentará la presidencia del órgano.
- Tres vocales, designados cada uno de entre su personal por quienes ostenten la titularidad de los siguientes órganos o unidades municipales:
– Unidad de Transparencia, Evaluación y Control de Políticas Públicas.
– Dirección General de Conocimiento y Competencias Profesionales.
– Dirección General de Modernización Tecnológica. - Secretaría del Comité, cuyo titular lo será a designación de la presidencia de entre el personal al servicio del Ayuntamiento de Logroño.
Sin perjuicio de que puedan participar otros órganos gestores de los proyectos, órganos directivos en materia de contratación pública, o personal de la Asesoría Jurídica o de Intervención General, preservando en todo caso los principios de autonomía e independencia.
Dentro de las funciones y responsabilidades del Comité se encuentra la realización de una evaluación del riesgo de fraude, con una periodicidad anual, a lo largo de la ejecución de todo el proyecto, proponiendo medidas correctivas si fuera el caso. Para la EDUSI, todas las medidas antifraude aplicadas por el Comité Antifraude se adecuan a lo indicado en la Guía de la Comisión Europea para el periodo de programación 2014-2020, sobre la evaluación del riesgo de fraude y medidas antifraude eficaces y proporcionadas, aplicándose las medidas antifraude que sean necesarias a lo largo de todo el proceso de gestión de la EDUSI.